Valentín Fernández, concejal de CHA en el Ayuntamiento de Bielsa, considera que la política del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), de sacar a subasta de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, sin compensar a los municipios que soportan la servidumbre del uso del territorio y de los recursos propios, es colonialismo económico en estado puro, en este caso promovido por el Gobierno de España, por lo que a instancias de CHA, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado varias preguntas en el Senado.
La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), firmo hace unos días el acta de entrega de las centrales hidroeléctricas de Urdiceto y Barrosa, situadas en el término municipal de Bielsa, en la comarca del Sobrarbe, con una potencia de generación de 7,2 y 3,6 megavatios respectivamente. La CHE gestionará de manera temporal estos aprovechamientos hasta que se promueva el concurso público para su adjudicación, algo que viene expresamente recogido en la resolución ministerial.
Ante esta situación se van han planteado en el Senado las siguientes preguntas al Gobierno de España: ¿Tiene previsto el Gobierno atender la demanda unánime de las Cortes de Aragón para que los territorios afectados por saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de estos aprovechamientos hidráulicos?, en su caso, ¿cuándo tiene previsto hacerlo?, ¿cuál sería la fórmula de la compensación a estos territorios?, ¿por qué se renuncia, en su caso, a la gestión pública de estos saltos hidroeléctricos una vez concluido el periodo de explotación?.
El gobierno central no solo se opone a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales, o a recibir parte de los rendimientos de la nueva explotación, es que ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas, por lo que una vez más los aragoneses y aragonesas ponemos los recursos y los beneficios se van fuera, no se defiende el interés general y se cierra la puerta a la gestión pública, y es que una vez más el Gobierno de España se pone del lado del poder económico, del lucrativo negocio del agua y la electricidad, de los más fuertes frente a los débiles, de los amigos de las puertas giratorias…
A mayor abundamiento, al pasar las centrales, aunque sea temporalmente, a manos del Estado, los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo.