Asistimos en los últimos tiempos a un protagonismo mediático de la justicia que se antoja excesivo. Como relevo de los años en que los jueces “estrella” aprovechaban su fama para pasar a la política, el poder judicial se encuentra ahora que, sin moverse de su propia competencia jurisdiccional, sus decisiones toman relevancia política, posiblemente por dejación de quienes deberían resolver los problemas de los ciudadanos estrictamente en el plano político.
Siendo la tutela judicial efectiva un derecho fundamental, es bien cierto y aceptado popularmente que el recurso a la vía judicial para resolver conflictos ha de ser una opción última, priorizando el dialogo y el acuerdo como soluciones más factibles. Es bien sabido que es más beneficioso un mal acuerdo que una buena sentencia, visto desde el prisma que cuando hay acuerdo nadie pierde, y en una resolución judicial hay vencedores y vencidos.
Bien, pues éste axioma, parecen no conocerlo los políticos de determinados partidos, por no decir que se muestran incapaces de solucionar cuestiones en la esfera que les es propia, la política, con la mera aplicación de la ley y llegando a acuerdos, al menos mayoritarios, para elaborar normas adecuadas para solventar las preocupaciones de la ciudadanía.
Sorprende además el hecho de que se abre camino con fuerza, fundamentalmente en ámbitos más progresistas, la idea de una justicia sin jueces, es decir de arreglo de discrepancias entre los ciudadanos, con la ayuda, en su caso, de mediadores o árbitros no revestidos del “imperium” de la judicatura, como herramienta práctica, cómoda, posiblemente más barata y desde luego que soslaye la dicotomía ganadores/perdedores.
El enrarecimiento del debate político, con renuncia a los valores del parlamentarismo occidental de dialogo, acercamiento de posturas, matizaciones de la radicalidad… ha desembocado en un recurso constante a la solución por la vía judicial.
Hay incluso formaciones de ideología ultraconservadora que han tomado la recurrencia a la justicia, y su personación como acusaciones penales, como una herramienta eficaz de propaganda, utilizando la administración de Justicia como un altavoz de su ideología.
Los últimos ejemplos sobre la “performance” del Tribunal Supremo en relación a la determinación del sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, es solamente un caso más, con mayor publicidad por su estridencia, pero sólo uno más.
Ni siquiera la rapidez del gobierno de Sánchez de modificar la normativa tributaria para no alimentar más el poder de las entidades de crédito sobre los consumidores, es suficiente, porque es una decisión que se tenía que haber tomado mucho antes, antes incluso de los gobiernos de la derecha, porque su vigencia viene de muy lejos.
La judicialización de la solución a los problemas generados por la legislación hipotecaria respecto a las estipulaciones abusivas de los contratos de préstamo, la cláusula suelo o la de resolución por vencimiento anticipado o la dación en pago, provoca además un colapso en la administración de justicia, desbordada como nunca ante la resolución de conflictos que debería solventar el poder político con una nueva regulación hipotecaria más justa y social.
Ejemplos tenemos en Aragón de uso de la justicia en la política, fuera del enjuiciamiento de los casos de corrupción, cuyo adecuado enfoque es el judicial, en el que se ha servido de su utilización para poner obstáculos al desarrollo de políticas adecuadas y consensuadas entre varias fuerzas políticas: La paralización de las obras de La Romareda, en lo que podía haber supuesto un desatasco de su situación y con un coste cero a la ciudad, en virtud de una medida cautelar sugerida por el PP y el PAR, que a la postre fue levantada sin que se llegara a dictar resolución judicial alguna que determinara la contravención o no de legislación alguna, supuso en su día un claro ejemplo de uso falaz e instrumental de la justicia como una herramienta arrojadiza, cuando falla la política o no se sabe dialogar o se busca el mantenimiento de intereses en otros cobijos.
El recurso a la solución judicial de los problemas que podrían verificarse en el ámbito político, no provoca la desideologización de su resultado, por cuanto, mal que nos pese, la ideología también se plasma en las resoluciones judiciales.
En Derecho todo es argumentable (con excepciones) me dijeron al iniciar la carrera, de hecho la hermenéutica es un arte muy antiguo del que todavía comen los abogados, y por eso mismo mientras sea un persona o un colegio de personas quien deba resolver algo, su ideario, su percepción de lo adecuado conforme a los textos legales se plasmara en su resolución, eso es inevitable, para eso están configurados en las leyes los medios de impugnación de decisiones, otra cosa es, que la arquitectura de la Justicia este construida de tal forma que la ideología sea preponderante en determinados ámbitos, como en la determinación de la cúpula judicial, el Consejo General del Poder Judicial y por ende del Tribunal Supremo y otros órganos colegiados estatales y territoriales.
La elección de los miembros del órgano rector de la judicatura en el Estado, con designación de sus miembros por el legislativo y en definitiva, culminando con el reparto de nombramiento de vocales por los partidos políticos, fundamentalmente PP y PSOE, donde todavía se manifiesta el bipartidismo, -ahí si se ponen de acuerdo- , provoca sonrojo, y desde luego una muestra de la politización de la justicia en el Estado, que conlleva que la justicia sea una prolongación de la histeria ideológica del establishment político español.
Evidentemente esta situación genera un desgarro en el principio de separación de poderes que inspira la democracia occidental desde la revolución francesa, convierte el Estado de Derecho en una falacia y prolonga la pervivencia de un status quo que favorece siempre a los mismos, por no hablar de la sensación de impunidad que sigue manteniéndose.
Incluso el Consejo de Europa, a través del Grupo de estados contra la corrupción en la línea del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, ha sacado los colores al Estado español, alertando que sería deseable que ni el parlamento ni el ejecutivo tomara parte en la elección del órgano de gobierno de los jueces, evitando una politización directa de dicho órgano, más allá de la ideología propia de cada juez, por no hablar del Ministerio Fiscal y otros órganos judiciales colegiados estatales.
Otra faceta de la afección ideológica en la esfera judicial y que es una cuestión a resolver, es la visibilidad de la mujer en la judicatura: Mientras en la actualidad la mayoría de jueces y magistrados de juzgados unipersonales son mujeres, donde su acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, esta circunstancia no tiene reflejo en los órganos colegiados o Tribunales, que requieren un añadido de subjetividad para acceder a su plaza. Y si bien es de reconocer que los nuevos nombramientos del vocales del CGPJ han recaído en mujeres, hubiera sido un buen momento para que quien ocupara la plaza de Presidente de dicho organismo y por ende del Tribunal Supremo fuera mujer.
Por si fuera poco, el descontento crece entre los diferentes agentes de la justicia, independientemente de justas reivindicaciones económicas, y más allá de las figuras de los jueces, encontramos colaboradores esenciales en la Administración de Justicia, letrados y funcionarios al servicios de la misma, a quienes lejos de reconocérseles su labor, se les priva de una autentica carrera profesional y en casos como la tramitación en curso de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, les resta derechos relativos a su especialización, deslocalización, y permitirá a la administración determinar «a su antojo» cuál será, dentro del municipio, su puesto de trabajo en cada momento, reduciendo el nombramiento de personal interino, en unos momentos en que la dejación del poder político deja en manos de las administración de justicia la resolución de problemas acuciantes de los ciudadanos.
Desde CHA apostamos desde siempre por un Poder Judicial independiente, no politizado, y descentralizado, de forma que se pueda crear un Consejo propio de Gobierno de los Jueces aragoneses, procediendo, en su caso, una reforma constitucional al respecto, así como la asunción total de competencias de los medios personales y materiales por Aragón, incluidos los Letrados Judiciales, de forma que compongan junto con el resto de funcionarios un cuerpo exclusivamente autonómico sin dependencia orgánica del Ministerio de Justicia como hasta ahora, y con un reconocimiento de su derechos profesionales, de puesto de trabajo singularizado en atención a su especificidad, con asunción práctica de oferta de empleo y acceso propias.