El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha informado que la coalición ha formalizado una petición, a propuesta de CHA, para crear una Comisión de Investigación de los crímenes ocurridos el pasado 14 de diciembre de 2017 en las localidades aragonesas de Andorra y Albalate del Arzobispo, donde se estudien, analicen y se depuren, en su caso, todas las posibles responsabilidades políticas y se extraiga el conocimiento necesario para adoptar, por parte de las Administraciones Públicas implicadas, cuantas medidas se consideren más adecuadas destinadas a prevenir, en la medida de lo posible, este tipo de situaciones.

La Comisión busca además conocer a fondo el grado de implicación que los recortes propiciados en los últimos años en materia de seguridad ciudadana, desde los distintos gobiernos centrales, han podido tener en este lamentable suceso que conmocionó a los vecinos de Teruel y buena parte de la ciudadanía de Aragón, con el ánimo de que sirva para corregir y prevenir hechos futuros similares.

Mulet ha agradecido el apoyo de los senadores de los distintos grupos para investigar como reclamaba CHA y que Compromís ha llevado al Senado unos hechos, en los que pudo influir la falta de agentes en el medio rural, algo que se repite en el resto de administraciones como consecuencia de la falta de reposición de personal, algo limitado por el Gobierno y la legislación actual y que obliga a reflexionar. El senador ha explicado que el Gobierno debe reflexionar y entender que la gente precisa de agentes que cuiden el medio rural, de médicos que les curen, funcionarios que les atiendan y servicios de calidad y que, en ocasiones los recortes pueden ser muy peligrosos, como hemos podido ver.

La Policía ha perdido, desde que gobierna Mariano Rajoy, un 9,9% de agentes y la Guardia Civil un 6,4% en todo el Estado. Es evidente la falta de efectivos desplegados por las Fuerzas y Seguridad en el medio rural, apareciendo cada cierto tiempo en la prensa noticias de robos en viviendas y naves en núcleos escasamente habitados.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil cifra entre 700 y 800 los efectivos adicionales que son necesarios en Aragón. Varias han sido las veces que las Cortes de Aragón, en la presente y pasadas legislatura, han demandado al Gobierno de España un incremento de los efectivos y dotaciones desplegados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la prevención de la delincuencia y la protección de los bienes y personas de las zonas rurales de Aragón.

Los gravísimos hechos tuvieron lugar durante el mes de diciembre en el Mas del Saso, en los que un peligroso delincuente asesinó a los Guardias Civiles Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa y al ganadero José Luis Iranzo, que consternaron a todo Aragón.

Además las discrepancias en el relato de los hechos entre el Subdelegado del Gobierno en Teruel y el Ministro del Interior, no hacen más que acrecentar el miedo y la desconfianza de las gentes de la zona. El mundo rural sobrevive en nuestro país amenazado por la falta de rentabilidad, la despoblación por la falta de alternativas, envejecimiento, ausencia de servicios e inseguridad. Ante todos estos problemas, puede ser letal para su futuro, la aparición del miedo por la proliferación de hechos delictivos y la ausencia de seguridad.

Los hechos sucedidos en diciembre pasado en Teruel deben suponer, forzosamente, un punto de inflexión sobre el que reflexionar seriamente a través de una comisión creada a tal efecto y analizando los hechos que sucedieron. Se deben pedir, sin dilaciones, responsabilidades políticas y exigir al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para garantizar con mayor eficacia la seguridad en las zonas más afectadas por los recortes de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.