Joaquín Palacín: “Se cumple una reivindicación histórica de Aragón para mejorar la seguridad en la N-II, pero debemos garantizar una buena conectividad con los cascos urbanos de las poblaciones que no cuentan con acceso a la autopista”. Isabel Lasobras: “La fecha de finalización era conocida desde hace tiempo, por lo que se deberían haber empezado mucho antes los trámites para redactar los proyectos y licitar las obras”.
Chunta Aragonesista ha celebrado su Comité Nazional, máximo órgano entre Asambleyas, de manera telemática. En esta reunión se ha hecho un balance de gestión de estos meses, marcados por el Covid19, y se han establecido las principales líneas de actuación para los próximos meses.
Joaquín Palacín, presidente de CHA, ha considerado “muy buena noticia” el anuncio del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien aseguró que el Gobierno de España no prorrogará la concesión en el tramo Zaragoza-El Vendrell de la autopista AP-2, que vence en agosto, lo que supondrá a partir de septiembre la liberación del peaje.
“Se trata de una reivindicación histórica de Aragón para mejorar la seguridad de los 91 kilómetros de la N-II que van de Alfajarín a Fraga, y que se ha cobrado un número de víctimas insoportable”, ha señalado Palacín, quien reclama “garantizar una buena conectividad con los cascos urbanos de las poblaciones que no cuentan con acceso a la autopista, para que la disminución de tráfico no afecte negativamente a la economía local de esos municipios”.
Por este motivo, Chunta Aragonesista insiste en la necesidad de avanzar en el ‘Estudio de tráfico y las necesidades de actuaciones en el tramo Zaragoza-Vendrell de la N-II’, con el objeto de determinar las mejores soluciones en relación con la remodelación de enlaces existentes o la implantación de otros nuevos y fijar los plazos de ejecución, así como un estudio de tráfico y de movilidad del entorno viario.
“Estas actuaciones requerirán de la preceptiva redacción de proyectos antes de poder licitar las obras, por lo que nos encontramos ante una evidente ausencia de planificación temporal del Gobierno de España, puesto que la fecha de caducidad era conocida, deberían de haber empezado mucho antes los trámites”, ha señalado Isabel Lasobras, Secretaria General de CHA.