Verónica Villagrasa, Responsable de la Secretaría de Derechos Sociales del Consello Nazional, señala que existe una condena judicial que deja en evidencia al anterior gobierno, si bien ello no exime al nuevo ejecutivo de atender los compromisos internacionales de acogida a las personas refugiadas, tanto por una cuestión de coherencia política como de solidaridad humanitaria.
El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de España por incumplir los compromisos de reubicación de asilados acordados en su momento desde la Unión Europea, concretamente hace tres año ya, en 2015.
Hubo un compromiso, vinculante y de obligado cumplimiento para los Estados miembros, para tramitar hasta 19.449 solicitudes de asilo procedentes de otros países de la Europa, como Italia y Grecia, pero los datos finales demuestran que apenas se atendieron unas 2.500, cifra muy
por debajo de los compromisos firmados, por lo que es necesario denunciar la inacción del anterior gobierno y reclamar al nuevo que no cometa los mismos errores.
Ante esta situación desde CHA y a través del Senador Carles Mulet, hemos trasladado una serie de preguntas para que el nuevo gobierno explique cuándo, cómo y con qué medios van a actuar ante esta situación:
«¿Qué medidas piensa adoptar el nuevo gobierno de España para dar cumplimiento a este compromiso de acogida a personas refugiadas?, ¿en qué plazo de tiempo?, ¿qué mecanismos de colaboración ha dispuestos con Gobiernos autonómicos y entidades locales para coordinar las actuaciones en este ámbito?, ¿con qué recursos económicos va a disponer el Gobierno para desarrollar este plan?»