Allá por el, por cierto no muy lejano, año 2015, cerrábamos un acuerdo de Gobierno para aprobar en esta legislatura una ley aragonesa de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista y la dignificación de las fosas comunes. El pasado de mayo de este año comenzó la tramitación parlamentaria de este Proyecto que ya ha superó una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, trufada de lugares comunes del revisionismo y de romanticismo político con olor a naftalina y que el próximo jueves, 8 de noviembre de 2018, va a tener, previsiblemente, el apoyo mayoritario del pleno de las Cortes de Aragón en su votación definitiva.

Es cierto que había existido un intento previo fallido en aras de obtener memoria, justicia y reparación, a pesar de que se consiguieron reconocer y ampliar los derechos en favor de quienes padecieron violencia y persecución. Es verdad que el «tiro de gracia» lo aplicó Rajoy al provocar la ausencia de financiación. Los apócrifos defensores de una democracia plastificada, teñidos de una cosmética de modernidad profetizaban: «no escarbes donde no debes», «no abras las heridas», etc.

Dice bien Julián Casanova, que la memoria histórica- ya en 2007- no es un terreno neutro, al contrario es un campo de batalla político, donde los más audaces o inconsecuentes se apropian de los símbolos políticos. En este campo, quedaban pendientes algunas cosechas que recoger: la reparación moral, la justicia- reconocimiento jurídico-, y el derecho a la verdad –recuperando el olvido-; en todo caso la dignidad de los muertos por la libertad y la democracia.

Hubo un manto espeso de silencio durante los años de la transición, seguramente propiciado por los procesos políticos imposibles y tensos. Habrá que esperar a los años 90 para que se empiecen a abrir las fosas y a musitar sobre la recuperación de la memoria. Vaya desde aquí mi homenaje a las asociaciones memorialistas.

Estamos ahora ante el reto de recuperar y transmitir nuestra memoria democrática, y para este objetivo, es necesario el estudio riguroso crítico y solvente de la Historia para constituir el sustento principal de esta memoria en la que debe cimentarse cualquier nación cuyo tirano no fuese ajusticiado en vida. Sin memoria no hay digestión del pasado, de ningún pasado. De ahí el interés por aprobar esta nueva ley.

Sin embargo en la citada enmienda a la totalidad a esta ley el PP utiliza argumentos contradictorios, a saber:

Dicen los autores intelectuales de la exposición de motivos de esta enmienda que la Guerra Civil es un fracaso de la sociedad, que supuso una tragedia fratricida de división y confrontación. Al parecer, según ellos, se intenta imponer, en este texto, un relato ideológico, en esencia, la verdad oficial. Excluye de la violencia política a la II República (1931-1936), ya que la primavera de 1936- siempre según los autores intelectuales- fue una de las etapas más sangrientas de la historia democrática. Aquí aparece el revisionismo histórico de algunos pseudohistoriadores –Pío Moa, Reig Tapia, César Vidal, Stanley Payne, que articulan las teorías que ofrecen cobertura intelectual a la ultraderecha y, por ende, justifican sin ambages el derrocamiento del Gobierno legítimo de la República.

Pero, gran sorpresa, en su exposición de motivos no se atreven a utilizar a estos historiadores revisionistas y citan a un historiador respetable: Eduardo González Calleja para justificar la violencia de la primavera de 1936.

Sin embargo González Calleja explica, al respecto:

«Si bien es cierto que durante el Frente Popular se aceleró la dinámica violenta, la mayor parte de las víctimas mortales fueron ciudadanos de izquierda que protestaban en el espacio público, y fueron reprimidos por las fuerzas de orden. Hubo más bien un abuso de autoridad, más que una falta de ella. Tanto el ensañamiento gubernamental contra los derechos como la inminencia de una situación revolucionaria son una falacia. El Golpe de Estado militar se venía gestando desde mucho tiempo atrás y apenas se relaciona con la violencia política de aquella primavera».

Este es el rigor de la tesis histórica de la exposición de motivos, utilizan un historiador que contradice sus planteamientos de que todos fuimos culpables, que en los dos bandos hubo violencia y solo se condena un bando.

Los muertos del bando sublevado fueron héroes desde el final de la guerra, sino antes, fueron esculpidos sus nombres en doradas letras en las fachadas de las iglesias, y anegaron sus proezas los libros de texto. Los otros fueron ajusticiados, encarcelados y olvidados por la historia y archivado ese olvido en el anonimato de las fosas comunes.

Al final la historia, para algunos partidos políticos, es opinable, al no darle la categoría de ciencia. Como ocurría en una película reciente en la que a una mujer, muy influyente en las redes sociales, en su agencia de publicidad le preguntaron cuál era la capital de Italia, y espetó que Venecia, lógicamente le enmendaron su error, y le dijeron que era Roma, a lo que ella en un arranque de audacia dijo, «oigan respeten mi opinión». Pues eso.