La residencia de la tercera edad de Caspe fue una de esas obras reivindicada durante muchos años por los caspolinos y caspolinas y cuyas obras parecían que no iban a terminar nunca. Fueron dos décadas en las que los unos se dedicaron a tirar lo que hacían los otros y cuando se producía un cambio de gobierno, los segundos destruían lo que habían construido los primeros. Una vez finalizada, como no podía ser de otra manera, la adjudicación del servicio tampoco estuvo exenta de polémica. Al final, de cinco empresas que pujaron por ella, la gestión del servicio fue adjudicada a la Fundación Rey Ardid (Fundación afín al PSOE) por ser la más ventajosa.

El ayuntamiento, gobernado por aquel entonces por el tripartito CPC-PP-PAR, no contento con el resultado, acordó que los servicios técnicos emitieran un nuevo informe y se terminó por adjudicar el servicio a la Fundación para el Desarrollo Social (Fundación amiga del PP y del PAR). Y, como era de esperar, el asunto terminó en los juzgados.

El pasado mes de diciembre, el TSJA le dio la razón a la fundación Rey Ardid. Después de sufrir durante veinte años de obras de este edificio, de ver cómo el mismo se ha convertido en un agujero sin fondo y de ser testigos de cómo se gastaba dinero público sin ningún miramiento y de los problemas que surgieron para adjudicar las instalaciones a las diferentes fundaciones, resulta que nadie se ha percatado de que vivimos en un pueblo en el que la mayoría de los ancianos eran agricultores, pastores o tenían pequeños negocios, esto es, que eran trabajadores autónomos, cuyas pensiones no superan los 820 euros mensuales y a la hora de adjudicar este servicio nadie se preocupó por saber lo que se iba a cobrar a los usuarios. Al final resultaron ser más de mil doscientos euros al mes, un precio inasumible para la mayoría de los caspolinos y caspolinas.

Esperamos que, si efectivamente hay cambios en la adjudicación, la fundación que la gestione sea más barata que la actual y que el servicio sea accesible para todos, ya que esta infraestructura se realizó con dinero público y, por lo tanto, deje de ser un lujo que no todos pueden asumir. Aunque desde CHA siempre defenderemos, por encima de todo, una gestión pública de los servicios básicos y no que lo hagan fundaciones amigas de partidos políticos.

Y es que, al fin y al cabo, lo público es dar servicio sin mirar rentabilidad, lo privado es dar servicio a cambio de lucrarse.