El pasado día 15 de septiembre concluía el plazo del periodo de consulta pública previa a la aprobación del “Proyecto de Real Decreto por el que se Regula el Procedimiento de Cierre de las Instalaciones de Generación Eléctrica”, que tenía como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada, de acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno de España. Estamos hablando, para entendernos y en la cuestión que más directamente nos afecta, de la central térmica de Andorra. 

La inquietud en las comarcas mineras aragonesas es máxima ante el futuro de los puestos de trabajo de la central térmica y los efectos en el empleo inducido en la zona. Sobre todo tras las declaraciones públicas efectuadas el pasado verano, por parte del Consejero Delegado de Enel, Francesco Starace, principal accionista de Endesa, sobre el cierre de todas sus centrales termoeléctricas antes de 20 años. Nos tememos, en el caso de la central térmica de Andorra, que podría precipitarse mucho antes.

Por este motivo desde Chunta Aragonesista hemos presentado sendas aportaciones durante este periodo abierto a información pública, que han sido enviadas, en tiempo y forma, a la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Propuestas en las que consideramos necesario que el Gobierno de España actúe para evitar el final anticipado de la térmica de Andorra, sin olvidar tampoco que es preciso abordar globalmente el futuro económico de las cuencas mineras aragonesas, con un impulso decidido, serio y continuado en el tiempo desde lo público.

Es preciso además alcanzar un equilibrio entre estas demandas territoriales, sin olvidar las obligaciones de planificación energética con la Unión Europea 2030 y 2050 para alcanzar objetivos energéticos del Acuerdo de París.

Las propuestas para el futuro de Andorra y su comarca pasan, entre otras cuestiones, a juicio de Chunta Aragonesista, y así se le ha hecho saber al Gobierno de España en este periodo de información pública, por mantener la central térmica de Andorra totalmente operativa hasta 2025 (después podría ser una instalación en reserva) y apostar por una transición justa inmediata, olvidándonos del carbón como combustible a corto plazo. El futuro está en el impulso a los nuevos proyectos de energías renovables y en la implantación de formación especializada en ese sector (proyectos donde también pueden participar de forma directa las empresas concesionarias de las explotaciones de carbón y la central térmica), en la finalización del proyecto de elevación de aguas del Ebro, que favorecería la implantación de empresas en la zona y fortalecería el sector agroindustrial, o en impulsar los proyectos de fibra óptica en los polígonos industriales de la localidad… Recordamos que son reivindicaciones también demandadas desde el propio tejido empresarial.

Y todo ello con el telón de fondo de la necesidad del nuevo Plan del Carbón –el actual finaliza en el 2018–, para el que pedimos una manera de gestionarlo diferente, con un plan de reactivación económica 2019-2025 consensuado en su realización y con la integración de todos los sectores económicos en su gestión.

En definitiva: Facilitar el cierre, sin haber establecido todo un plan alternativo económico sostenible para la zona, es condenar a las comarcas mineras aragonesas a la destrucción de su tejido productivo y a la despoblación.

Finalmente destacamos que el pasado 21 de septiembre de 2017, con motivo del debate y votación de las propuestas de resolución en el pleno de las Cortes, con motivo del debate sobre el estado de Aragón, también se presentó una iniciativa en este mismo sentido que fue aprobada con el voto favorable de todos los partidos políticos, excepto Podemos.

Esperamos que todas estas aportaciones realizadas y el acuerdo de las Cortes sean tenidas en cuenta porque para las cuencas mineras ya estamos en tiempo de tomar decisiones y de hacerlo por las más socialmente rentables.