Bizén Fuster, diputado de CHA en DPZ, ha defendido en el Pleno de la Institución, una moción para instar al Gobierno Central a que, con la mayor diligencia, resuelva el conflicto laboral de las y los examinadores de Tráfico, además de poner en marcha medidas extraordinarias para agilizar los miles de exámenes que se han aplazado en los últimos meses en Aragón y en el resto del Estado. La moción ha salido adelante con los votos de todos los Grupos, menos la abstención del PP.
CHA ha defendido en el pleno de Diputación de Zaragoza una propuesta para que el gobierno central ponga punto final al largo conflicto de las y los examinadores de Tráfico. Desde el pasado mes de junio, están llevando a cabo unas jornadas de paro todos los lunes, martes y miércoles, que han ocasionado el aplazamiento de más de 200.000 pruebas en toda España, de las que casi 10.000 han tenido lugar en la provincia de Zaragoza, donde cada semana se aplazan más de 450 exámenes. Las principales damnificadas son las autoescuelas, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, y que están sufriendo pérdidas económicas por las que se están viendo obligadas a despedir a parte de su personal administrativo y docente, además de producirse ya el cierre de una autoescuela en Zaragoza, según ha señalado nuestro compañero Bizén Fuster.
Las reivindicaciones de estos examinadores comprenden una mejora salarial a través de un complemento específico de 240 euros, que compense los riesgos de amenazas y agresiones de su labor, así como rebajar el número de exámenes diarios de 13 a 12, para de esa forma dedicar a cada aspirante el tiempo necesario para valorar su aptitud y destreza al volante.
También los alumnos están resultando perjudicados directamente, ya que en la mayoría de casos les urge tener el permiso de conducir por cuestiones laborales o porque les va a caducar en breve la aprobación de su examen teórico, establecida en dos años.
El ministro de Interior, de quien depende la Dirección General de Tráfico, ha decretado servicios mínimos del 50% durante el mes de diciembre en todas las jefaturas de tráfico de España, pero esto no resuelve el problema ni de los profesores ni de los damnificados. La falta de voluntad política del Gobierno central, que ha tenido una actitud contemplativa ante este problema, ha alargado en exceso un conflicto que está ocasionando un importante impacto económico, y que se hubiese evitado si la Dirección General de Tráfico hubiese atendido las demandas de estos profesionales, algo a lo que se comprometió en el año 2015 y nunca cumplió, siendo que sólo necesita 2’5 millones de euros para cumplir su compromiso.