Tras la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, CHA considera que se ha abierto una «ventana de oportunidad política» que este nuevo Gobierno de España tiene que aprovechar, respecto a la cuestión de la gestión pública de los saltos hidroeléctricos una vez concluida su concesión. De hecho, la sentencia ha venido a convalidar la reversión al Estado de un salto hidroeléctrico en la localidad de Campo, que Acciona pretendía seguir gestionando pese a que la concesión había concluido.
La sentencia, según se indica en la edición digital de «Público» en Aragón, «refuerza la línea abierta por el Supremo al limitar a 75 años la vigencia de las concesiones en contra de las prórrogas que reclamaba la patronal del sector eléctrico (Unesa) y que supone un respaldo al creciente debate sobre la nacionalización de las centrales, pone sobre la mesa dos circunstancias llamativas: el Ministerio de Medio Ambiente de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, tan reacio a la recuperación de las centrales como los de Mariano Rajoy, eludió declarar la caducidad de la concesión pese a haber revisado su vigencia y, además, autorizó que Endesa se la vendiera a Acciona a pesar de esa circunstancia».
Palacín considera que la política llevada hasta la fecha de sacar a subasta de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, sin compensar a los municipios que soportamos la servidumbre del uso de nuestro territorio y nuestros recursos, es una decisión que perjudica gravemente a Aragón, puesto que se cierra las puertas a la gestión pública y lo que es más grave, no reconoce las necesarias y justas compensaciones a unos municipios que han soportado la servidumbre del uso de su territorio.
A mayor abundamiento, al pasar las centrales, aunque sea temporalmente a manos del Estado, los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo. Hablamos de unos 80.000 euros solo y a modo de ejemplo, en los cuatro saltos cuya concesión ha caducado hasta el momento, mermando las arcas de los ayuntamientos de Bielsa, Tella-Sin, Plan y El Pueyo de Jaca, por lo que es necesario que el Estado abone el IAE cuando le son revertidas, tipo impositivo aplicable que es necesario actualizar porque el IAE en estas actividades no ha sido modificado desde 1990.