Carmen Martínez Romances, Secretaria General de CHA, ha señalado que las consecuencias de la desestimación por parte del Tribunal Supremo, del recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la interpretación del ordenamiento jurídico relacionado con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana «Plusvalía», hace necesario un compromiso por parte del Gobierno del PSOE, para modificar cuanto antes la normativa vigente, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica para las personas y un marco estable de actuación para los ayuntamientos.
Llevamos más de un año reclamando una nueva legislación, pero el anterior Gobierno de Rajoy no atendió esta demanda. Ahora pedimos al nuevo ejecutivo del PSOE que sí tome las medidas adecuadas para garantizar tanto una seguridad jurídica y económica a los ayuntamientos como corregir los efectos injustos del impuesto entre las personas afectadas.
Carmen indica que cuestiones como ésta «dejan en evidencia un problema de fondo», la necesidad de una reforma global del sistema de financiación municipal para facilitar su viabilidad y la prestación correcta de los servicios que tiene encomendados.
Finalmente, recordamos que en el último debate de política general sobre el «estado de Aragón», celebrado el pasado mes de septiembre, ya se presentó para su debate y votación en el pleno de las Cortes de Aragón, la siguiente propuesta de resolución, finalmente aprobada, donde se indica:
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a reclamar al Gobierno de España que ponga en marcha cuantas actuaciones sean necesarias para impulsar la aprobación, en esta legislatura, de una nueva ley sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIWNU), conocido como «impuesto de plusvalía», que elimine las situaciones injustas en las que se cobra impuestos a pesar de tener pérdidas en la venta de los bienes inmuebles y se asegure un marco de actuación estable para los ayuntamientos».