Bizén Fuster, portavoz de nuestro Grupo Provincial en la DPZ, ha defendido una Propuesta de Resolución en el Pleno de la institución, a fin de que todos los grupos políticos pudieran pronunciarse sobre la necesaria reforma constitucional que, una vez agotada la actual estructura territorial del Estado, necesariamente tiene que pasar por una alternativa federal, bajo los principios de solidaridad entre territorios y personas, que posibilite una financiación justa y proporcionada y afronte la desigualdad social y los conflictos históricos nunca resueltos. Han votado en contra PP, C’s, PAR y PSOE.
D. BIZÉN FUSTER SANTALIESTRA, portavoz del grupo provincial de Chunta Aragonesista (CHA) en la Diputación de Zaragoza, presenta para su debate en Pleno, la siguiente Propuesta de Resolución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 28 de junio de 2018 las Cortes de Aragón aprobaron la ley de actualización de los Derechos Históricos de Aragón, en desarrollo de la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982, actual disposición adicional tercera, como nacionalidad histórica reconocida que es y con más de doce siglos de historia. Al margen de polémicas interesadas, si algo queda claro en la actualidad es que el Título VIII de la Constitución resultó útil. Diseñó el procedimiento que permitió al pueblo aragonés recuperar las libertades y el autogobierno arrebatado en 1711, por derecho de conquista, por el primer Borbón. Cumplió su función en Aragón y en España.
Sin embargo, ha ido quedando superado por la realidad política y social. Hoy es uno de los aspectos más desfasados de una constitución que va a cumplir 40 años. Solo se habla del problema de Cataluña, y en algunas ocasiones de Euskadi; pero Cataluña no es sólo el problema, sino el síntoma de un conflicto mucho más profundo, que afecta al conjunto de la estructura territorial de España. La situación catalana refleja la complejidad y heterogeneidad del Estado de las Autonomías, que nunca llegó a culminarse, y que evidencia su superación en los términos en los que se planteó y desarrolló durante la Transición.
El modelo territorial de 1978 está agotado, pero todavía no hemos empezado a construir una alternativa para sustituirlo. Al contrario, hemos retrocedido de forma preocupante. Asistimos a un proceso recentralizador y homogeneizador muy intenso, que coincide con el descrédito de las instituciones democráticas. El problema es del modelo territorial en su conjunto, en el que conviven formas federales o casi federales con un fondo profundamente centralista. Formalmente, las Comunidades Autónomas, al menos en algunos aspectos institucionales o competenciales, gozamos de un nivel de autonomía política homologable a algunos Estados federales. Y eso a pesar de la complicidad recurrente del Tribunal Constitucional con las tesis más centralistas.
Pero, desde el punto de vista de la financiación, el centralismo es tanto de forma como de fondo. Y es evidente que no hay autogobierno político real sin verdadera autonomía financiera. Eso lo saben muy bien los centralistas, los nuevos y los de siempre, que quieren reducir el autogobierno a una mera descentralización administrativa. El principal déficit de la actual estructura territorial del Estado es la financiación. Un problema que afecta no solo al modelo de convivencia entre territorios, sino, especialmente, a la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, a la cohesión social o a la igualdad de oportunidades. Como afirma el consejero del Gobierno de Aragón, J.L. Soro: “Cada centímetro que retrocedemos en el autogobierno político y la autonomía financiera, retrocedemos un metro en el estado del bienestar, del que somos garantes las Comunidades Autónomas: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda…”
El Estado regula y recauda la mayor parte de los impuestos, y cede a las Comunidades Autónomas una pequeña parte, insuficiente a todas luces para financiar nuestras competencias (especialmente en un territorio como Aragón, extenso y poco poblado, envejecido, con baja densidad y alta dispersión de población). El Estado reparte de forma abusiva los objetivos de déficit. El Estado decide si las Comunidades Autónomas podemos o no endeudarnos. El Estado utiliza arbitrariamente sus inversiones con criterios políticos. El Estado decide incluso la tasa de reposición de empleados públicos. El Estado nos controla a través de la financiación (o, mejor dicho, de la falta de financiación).
Cuarenta años después de la Constitución, dos generaciones después, sigue la tutela del Estado sobre las Comunidades Autónomas, lo que limita y lastra nuestro desarrollo político, social, económico y cultural. La sociedad ha evolucionado en estas cuatro décadas de forma exponencial. Las Comunidades Autónomas han madurado y se han consolidado, se han demostrado útiles y necesarias. Perciben la realidad política de forma muy diferente a como se ve desde Madrid. Ya no les sirven los cauces actuales para ejercer el autogobierno y relacionarse con el Estado. Pero la estructura territorial sigue igual, o peor.
En coherencia con ese planteamiento y con el manifiesto “Renovar el pacto constitucional” presentado en junio de 2018, desde el grupo provincial de Chunta Aragonesista (CHA), se presenta al pleno, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, acuerda:
1.- Expresar su apoyo a una reforma constitucional que desde el pacto permita construir una alternativa, en la línea del Manifiesto suscrito por juristas, politólogos e historiadores de toda España, que respete el derecho de los pueblos a ser protagonistas de su futuro. Una alternativa en clave federal que, bajo los principios de la solidaridad entre territorios y personas, posibilite una financiación justa y proporcionada y que afronte la desigualdad social y los conflictos históricos nunca resueltos.
2.- Respaldar el inicio de una segunda transición, que refuerce las libertades y los derechos civiles, sociales, laborales y culturales, que regenere en profundidad el sistema democrático y que avance de forma decidida hacia el reconocimiento, no solo retórico, sino real y efectivo, de la realidad plural del Estado. Una alternativa en clave territorial, pero también social, que garantice los servicios públicos del estado del bienestar.