Gregorio Briz, Secretario de Relaciones Institucionales y Portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, denuncia que el PP y C’s quieren desmantelar en los tribunales los avances políticos del aragonesismo, conseguidos democráticamente en el parlamento aragonés.

Los anuncios hechos públicos por los máximos responsables en Aragón, tanto de PP como de Ciudadanos, de trasladar al Tribunal Constitucional la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón es una muestra más de la recentralización emprendida por la derecha. 

Lejos de avanzar hacia un modelo federal, que se adecue mejor a la realidad territorial del Estado, se empeñan a volver a sistemas obsoletos, ignorando el Estatuto de Autonomía de Aragón, e incluso la propia Constitución que tanto dicen defender.

Recordamos que el pasado 28 de junio de 2018 las Cortes de Aragón aprobaron, a iniciativa de CHA, la ley de actualización de los Derechos Históricos de Aragón, en desarrollo de la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982, actual disposición adicional tercera, como nacionalidad histórica reconocida que es y con más de doce siglos de historia.

Una ley que estaba pendiente de aprobar para dar cumplimiento al mandato estatutario  y que trata sobre posibilidad de disponer de recursos económicos suficientes –autonomía financiera-, y del poder político necesario –autogobierno-, para afrontar la mejora de las condiciones de vida de las aragonesas y los aragoneses – Estado del Bienestar-, así como blindar por la ley sus derechos sociales.

Esta actualización, a juicio de CHA, impulsará y desarrollará los principios propios del Estado social y democrático de derecho, así como el cumplimiento de los derechos y libertades de los aragoneses y se llevará a cabo atendiendo a la realidad social, cultural, económica y política del momento actual.

CHA considera que desde el punto de vista de la financiación, el centralismo actual es tanto de forma como de fondo. Y es evidente que no hay autogobierno político real sin verdadera autonomía financiera. Eso lo saben muy bien los partidos centralistas, los nuevos y los de siempre, que quieren reducir el autogobierno a una mera descentralización administrativa.

El principal déficit de la actual estructura territorial del Estado es la financiación. Un problema que afecta no solo al modelo de convivencia entre territorios, sino, especialmente, a la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, a la cohesión social o a la igualdad de oportunidades y es que cada centímetro que retrocedemos en el autogobierno político y la autonomía financiera, retrocedemos un metro en el estado del bienestar, del que somos garantes las administraciones autonómicas: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda…