Rafael Guardia, Portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Caspe, señala que nuestra propuesta es que los ayuntamientos pueden participar en la gestión pública del salto hidroeléctrico para revertir directamente en la zona afectada los beneficios económicos de la instalación, o bien participando en la futura gestión o bien recibiendo parte de los rendimientos de la nueva explotación.

Rafa Guardia afirma que si el Gobierno saca a subasta, de forma general, todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, se impide a los municipios afectados, como es el caso de Caspe, utilizar los recursos derivados de la explotación directa y, por tanto, una merma de recursos evidente para el desarrollo socioeconómico.

Desde CHA consideramos necesario que el nuevo Gobierno apueste porque los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales y que a la vez perciban parte de los rendimientos de la nueva explotación.

Por otro lado, el Grupo Municipal en Caspe ha solicitado que el Gobierno de España que se modifique la normativa del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para eliminar la exención en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que los ingresos de las entidades locales no se vean mermados.

En relación a esta cuestión, las Cortes de Aragón ya aprobaron en abril de 2016, sin votos en contra, abogar por recuperar estas centrales para hacer «justicia territorial» con los municipios y comarcas que han soportado durante décadas esta servidumbre.

De este modo las preguntas que se van a presentar en la Cámara Alta por el senador Carles Mulet, son: ¿En qué fecha finaliza la concesión del salto hidroeléctrico del embalse de Mequinenza?, ¿tiene el Gobierno prevista su reversión pública y posterior gestión desde la Confederación Hidrográfica del Ebro?, ¿tiene previsto que los ayuntamientos y comarcas que durante décadas han soportado la servidumbre de esta instalación ,que genera recursos que se exportan a otros territorios, puedan beneficiarse de la misma mediante una participación en la gestión pública de la central o en cualquier otra fórmula contemplada por el Gobierno?, o por el contrario ¿tiene previsto el Gobierno volver a realizar un concurso para que la gestión recaiga sobre una empresa privada?, ¿tiene previsto el Gobierno realizar las modificaciones de la normativa del IAE para eliminar la exención del mismo en el supuesto de reversión de las centrales hidroeléctricas con el objeto de que las entidades locales no vean mermados sus ingresos?