La aprobación de la ley de Presupuestos Generales del Estado es el ejemplo más preciso para conocer cuáles son las auténticas prioridades políticas de cada Gobierno. Ninguna otra norma, por sectorial o específica, tiene tal calado porque ésta sí es capaz de marcar, en un solo texto, las líneas de actuación a impulsar en materias clave como el aumento o no de las pensiones, el incremento o decrecimiento de las inversiones públicas, el apoyo o el olvido de las personas en desempleo o el fomento o el abandono de las políticas de investigación e innovación.
Sin embargo la actual coyuntura política ha logrado que el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita de apoyos de otras fuerzas políticas, presente sus primeros presupuestos alterando el orden de las palabras convirtiéndolos en toda una declaración política, pero en el sentido más perverso del término, donde Aragón pierde.
Era totalmente imprescindible aumentar el gasto social, no solo por justicia distributiva, sino para lograr el apoyo de la izquierda y multiplicar las actuaciones en territorios con partidos con peso y poso en el actual panorama parlamentario de las Cortes Generales, pero solo con estas dos premisas es insuficiente para declarar unos presupuestos buenos para Aragón, porque las cuentas se nos quedan a la mitad.
Así mientras se producen incrementos en la inversión de hasta el 66% en algunos lugares, aquí nos dejan con un mero 6%, si comparamos con las cifras del Presupuesto finalmente aprobado para 2018. ¿Consecuencia directa? No se incluye ninguna inversión nueva destacable en los P.G.E. para 2019 y los desdoblamientos carreteros pendientes (la conversión de la N-232 en autovía, por ejemplo) y las mejoras ferroviarias necesarias, de Norte a Sur de Aragón, (Canfranc sin ir más lejos) se alarga su plazo previsto de finalización una vez más. Y con el olvido de Teruel como “triste bandera permanente izada en el castillo de la Moncloa”. Eso sí, las millonarias inversiones para obras que suponen “un canto al despilfarro” no faltan, aunque algunas de ellas, como Biscarrués, están más que cuestionadas por los tribunales de justicia.
Si este panorama fuera de por sí poco alentador siempre nos ocurre que luego lo aprobado no se cumple. Dos ejemplos, uno más reciente: En 2018 Fomento dejó de invertir en Aragón 160 millones de euros presupuestados para impulsar infraestructuras. Esta cifra representa casi el 40% de todo el dinero que debía destinarse a nuestro país, pero no es un hecho nuevo, en respuesta al diputado Chesús Yuste, ya se indicó que más de 600 millones de euros presupuestados por Fomento, no fueron finalmente ejecutados en Aragón durante el periodo 2009-2012. Ex nihilo nihil fit (De la nada, nada sale…)
Rematando el panorama de la situación está el “alto nivel de rigor crítico” demostrado por PP, Ciudadanos y PAR. Quienes aprobaron, en su momento, unos Presupuestos con inversiones mucho más reducidas que las actuales para Aragón, ¿ahora se pretenden convertir en adalides de las reivindicaciones históricas de todas y cada una nuestras infraestructuras?
Ahora llegará el periodo de tramitación parlamentaria de los P.G.E. en el que la situación, previsiblemente, solo puede ir a peor, porque o puede frenarse en seco todo el proceso de aprobación o, si sale adelante finalmente, será sin ningún aumento de las partidas necesarias para Aragón.
Desde Chunta Aragonesista, gracias a los acuerdos políticos alcanzado con Compromís, presentaremos las correspondientes enmiendas parciales al proyecto de ley para aumentar las cifras inversoras en Aragón y lograr que la mala praxis se conviertan en una auténtica política presupuestaria solidaria ante los desequilibrios territoriales.