Nuestra compañera Ruth Pina, Secretaria de Mujeres y coordinadora del Rolde de Feminismos y Diversidades, ante la propuesta del PP, expresada en Zaragoza, de retrasar la expulsión de las mujeres migrantes que den a su bebé en adopción, considera que el solo hecho de mencionarlo, denigra a la condición humana y, en especial, ataca de pleno la dignidad de las mujeres, a las que desde la derecha se quiere tratar como mera mercancía para saciar los intereses económicos más trasnochados y oscuros.
La despoblación es una cuestión que requiere de todos los esfuerzos para darle una respuesta eficaz, pero usarla como excusa para hacer propuestas aberrantes para las mujeres y sus bebés es tan deplorable como condenable, y califica por sí sola a quien la realiza.
El PP, a través de Casado, sigue dando muestras de su desesperado intento por captar todo el espectro ideológico de la ultraderecha, lanzado propuestas y medidas, a nuestro juicio, xenófobas.
Es aberrante hacer una propuesta como ésta para permitir la residencia por más tiempo de aquellas mujeres que entreguen a sus bebés en adopción. Se demuestra que el partido de Casado ha sido incapaz de entender nada sobre cómo afrontar el tema de la inmigración, el de la
despoblación y fundamentalmente el del respeto a los derechos humanos de las mujeres.
Precisamente José Luis Soro, como Presidente de CHA, ha participado en el acto de firma del documento público en el que asumimos como partido político los compromisos para una sociedad diversa y no discriminatoria propuestos por la Plataforma Salud Universal y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo.
Entre esos Compromisos por una sociedad diversa y no discriminatoria se explica que “las sociedades diversas son fuente de enriquecimiento personal, cultural, económico y social y que la discriminación de cualquier tipo motivada por el origen étnico, la nacionalidad, la procedencia, la religión o las creencias no tiene cabida en nuestras sociedades democráticas”.
Se indica que las migraciones son un fenómeno que forma parte de nuestra historia como especie, que son un derecho reconocido por las Naciones Unidas y que, por ello, han de gestionarse desde el respeto a las personas migrantes, a los compromisos internacionales ratificados por nuestro país y a nuestro marco y ordenamiento jurídico y que es necesario, desde las instituciones públicas, desarrollar políticas que gestionen la diversidad cultural desde una óptica intercultural. Estas políticas han de ser implementadas en colaboración con la sociedad civil, y tienen que contar con los suficientes recursos económicos».