En pocos días se abrirá formalmente la negociación de la política regional de la UE para después de 2020. CHA entiende que es una nueva oportunidad que hay que aprovechar para abordar de forma más eficaz la lucha contra el declive económico y demográfico del medio rural. Hemos entrado en este debate proponiendo a las Instituciones de la Unión y a los gobiernos de los Estados miembros una fórmula para diagnosticar este problema y arbitrar las medidas que han dado resultados descartando las que no funcionan (puede consultarse en https://aragoneneuropa.wordpress.com/2018/02/23/ -castellano – y https://aragoneneuropa.wordpress.com/2018/03/04/ -aragonés-).
La despoblación es una consecuencia del fracaso del modelo de desarrollo –esencialmente basado en el sector primario- que venimos aplicando al medio rural. Éste apenas genera solo el 2% del PIB total de la UE y ni su industria transformadora (parte de la cual se ubica en o cerca de los grandes centros de consumo) ni el turismo rural generan suficientes oportunidades de empleo y emprendimiento como para retener a mujeres y jóvenes, claves para el mantenimiento del equilibrio demográfico en nuestros pueblos. Escasa y menguante renta agraria, insuficiente diversificación económica y pérdida de valioso capital humano se retroalimentan negativamente con un déficit de inversión pública en infraestructuras, equipamientos y servicios esenciales para la implantación de personas y actividades.
Los expertos de la Comisión reconocen que, en regiones con fuertes desequilibrios entre el campo y la ciudad, el grueso de los fondos europeos (exceptuando los agrícolas) va a parar a proyectos esencialmente radicados en ciudades. Las causas del declive rural, pues, siguen sin ser debidamente identificadas y, por tanto, abordadas con eficacia. Para empezar, hemos propuesto a la UE una fórmula que defina qué son las zonas con desafíos demográficos graves y permanentes a las que se refieren los Tratados; en nuestra opinión lo son todos los municipios que hayan perdido más del 40% de su población en los últimos 50 años. Hablamos de casi el 20% de los municipios de la UE (descontando ya al Reino Unido), el 56% de los españoles y el 78% de los de Aragón. Un problema que se extiende y afecta en diferente grado a 23 de los 27 Estados miembros. Además, muchos han acabado conformando en diferentes grados áreas escasamente pobladas; tal situación reduce aún más sus posibilidades de recuperación, por lo que reclamamos para ellas un tratamiento especial más favorable, especialmente para las que, como Teruel, Soria y Cuenca (si nos ceñimos solo a España), han alcanzado niveles equiparables a los de Laponia, seguidas de cerca por Huesca o Zamora.
Pero más importante que los fondos es el modo de usarlos. La experiencia de Escocia nos muestra el camino a seguir: allí, una agencia de desarrollo territorial específica para las comarcas más frágiles, autónoma y regida profesionalmente, complementó la limitada acción de la gestión ordinaria de las administraciones públicas, dando cobertura a grupos de acción local, diseñando y ejecutando estrategias (como las Directrices contra la despoblación de las que de forma pionera nos hemos dotado en Aragón), coordinando acciones y recursos de administraciones e inversores y llegando adonde éstos no llegaban.
El desafío demográfico en su vertiente rural es claro y alarmante pero conocemos las soluciones: hay, pues, base para un acuerdo europeo destinado a abordarlo con resultados. Pero ¿será esta la visión y la postura del gobierno Español en la negociación europea? ¿La veremos también reflejada en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico?