El Consejo de Europa celebra en Estrasburgo el vigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias con una conferencia de altos funcionarios, expertos y representantes de la sociedad civil para evaluar los logros e identificar los desafíos a los que debe responder la Carta. 

España ratificó la Carta casi por unanimidad siendo presidente José María Aznar y entró en vigor el 1 de agosto de 2001. Conviene recordar que fue una enmienda presentada por el entonces diputado José Antonio Labordeta la que consiguió que España incluyera la protección a las lenguas que, sin ser oficiales, están reconocidas oficialmente (el aragonés y el catalán en Aragón y el asturiano y el gallego en Asturias y Castilla León).

De las lenguas que conviven en España, la única que solo se habla en este Estado es el aragonés. Veamos: el castellano se habla en casi todo el continente americano, el vasco, el aranés (occitano) y el catalán se hablan en Francia y este último también en Italia (Cerdeña), el gallego es un continuo lingüístico con el portugués, y el asturiano se habla en Portugal (Mirandés). Esto debería constituir una razón estratégica para implementar medidas que conservaran el aragonés como un patrimonio cultural único, sin olvidar que fue la primera lengua romance a la que se tradujeron algunos clásicos griegos.

¿Cuál es el cumplimiento de la Carta Europea respecto a las lenguas propias de Aragón? En los informes de 2005 y 2008, se pedía reforzar «la protección del aragonés y el catalán». En el tercer informe, con la ley de lenguas de 2009 ya en vigor, se valoraba el reconocimiento de los derechos de esta ley y avisaba de los peligros que anunciaban su derogación. También pedía esfuerzos para solucionar la dispersión gráfica del aragonés.

El cuarto informe (2010-2013, conocido en 2016) ponía énfasis en recuperar los nombres de las lenguas suprimidos con la ley de 2013 e instaba a las autoridades a conocer el número de hablantes.

En la actual legislatura, con la creación de la Dirección General de Política Lingüística se han puesto las bases para cumplir los requerimientos del Consejo de Europa, que pueden resumirse en:

1.- Recuperación de los nombres de las lenguas: aragonés y catalán de Aragón. El LAPAO y el LAPAPYP pasaron a la historia.

2.- El censo del INE de 2011 contenía una pregunta sobre las lenguas de Aragón, lo que permitió que, a través de un estudio del Seminario Aragonés de Sociolingüística, haya datos fiables.

3.- Se han aprobado los currículos educativos de todos los niveles de ambas lenguas, recuperado el Seminario de profesores de catalán y publicado materiales didácticos.

4.- Se ha recuperado el programa educativo Jesús Moncada (catalán), creado el programa El aragonés en el aula, y mantenido el Luzía Dueso (aragonés).

5.- Los alumnos de aragonés han pasado de 625 (curso 2015-16) a casi 1.200 (2017-18) y de impartirse en 33 centros a más de 50. En el catalán se han creado 9 plazas de docentes y lo estudian más de 4.000 alumnos. En ambos casos, la enseñanza es de carácter voluntario.

6.- Se han recuperado los premios literarios

7.- Se ha puesto en marcha la página web lenguasdearagon.org.

8.- Se han convocado subvenciones y firmado convenios y protocolos de colaboración con 8 comarcas y una quincena de ayuntamientos.

9.- Se llevó a cabo un proceso de mediación para resolver la dispersión gráfica del aragonés.

10.- Se ha conseguido financiación europea para realizar un diccionario on line y un traductor para el aragonés.

11.- Se ha creado la Comisión Asesora de Toponimia de Aragón.

12.- Se desarrollan acciones de socialización como el programa «Agora x l’aragonés» y apoyado el doblaje de películas al aragonés y la presencia en medios de comunicación.

13.- Se ha creado una cátedra en la Universidad de Zaragoza para fomentar la investigación sobre las lenguas propias.

14.- Se han aprobado los estatutos de la Academia Aragonesa de la Lengua, con un instituto para cada lengua propia.

El camino iniciado a finales de 2015 partía de una situación más que precaria y, dentro de las posibilidades actuales, tratando de desarrollar al máximo la ley vigente y sin perder de vista su reforma cuando social y políticamente sea posible, se ha dado cumplimiento a la mayor parte de los requerimientos del Consejo de Europa.

Sin embargo, es tarea del gobierno central modificar los decretos que impiden que los profesores de puedan tener una carrera profesional y que las lenguas no oficiales puedan enseñarse en las Escuelas de Idiomas. Todo ello pasa por entender que estas manifestaciones culturales atañen al conjunto del Estado y su protección y dignificación contribuyen a una cohesión social y territorial.

Publicado en El Periódico de Aragón. 25.06.18