Miguel Martínez Tomey, Responsable de Asuntos Europeos, señala que CHA considera imprescindible aprovechar la ventana de oportunidad que se abre tras la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de la denominada «Agenda de la Unión Europea» en favor de zonas rurales, montañosas y remotas. Ya el pasado verano comenzamos una campaña para que la UE contemplase la despoblación rural en las políticas de cohesión territorial para el periodo 2021-2027. La aprobación de la Agenda de las zonas rurales, montañosas y remotas es una oportunidad política.

El pasado verano indicábamos que había comenzado la negociación para fijar las políticas de cohesión territorial de la UE para 2021-2027 y que a pesar de las favorables expectativas dadas por la Comisaria Europea Corina Cretu a las demandas de las zonas rurales despobladas, finalmente la Comisión no había incluido la despoblación entre sus objetivos, por lo que desde ese mismo momento y dada la importancia que supone este tema en territorios como Aragón, comenzamos una campaña para lograr una rectificación de estas políticas ya que nuestros pueblos y comarcas no pueden esperar más.

Ahora es el Gobierno de España quien tiene que liderar este proceso en la UE para instaurar cuanto antes  el denominado Pacto para Pueblos Inteligentes con vistas a garantizar un enfoque más eficaz, integrado y coordinado de las políticas de la Unión con incidencia sobre las zonas rurales y que, como dice la propia resolución del Parlamento Europeo, «se implique a todos los niveles de gobierno, de conformidad con el principio de subsidiariedad y en consonancia con la Agenda Urbana para Europa establecida en el Pacto de Ámsterdam.»

Promover el desarrollo local es fundamental, según el texto del europarlamento, para estabilizar y corregir las tendencias negativas en los mercados locales, las dinámicas demográficas y los recursos naturales. Es necesario, a nuestro juicio, que la Comisión, en sus futuras propuestas legislativas, incluya disposiciones específicas dedicadas a las particularidades de estas zonas. Fundamentalmente con una cuestión clave: la suficiente dotación de  recursos financieros, especialmente al amparo de los Fondos Estructurales y de Inversión, para la política de cohesión posterior a 2020.